En estos tiempos de nihilismo, falta de valores democráticos y desobediencias, no es nada difícil augurar que la aplicación de la sentencia del alto tribunal, sobre la ilegal prohibición de los toros en Catalunya, va a encontrarse con miles de obstáculos para impedir su cumplimiento.

El resabio generalizado de estos políticos censores y el odio de la facción animalista de Anselmi no parece ser muy compatible con la legalidad constitucional. La mayor parte de los políticos del arco parlamentario catalán (incluido el partido del antitaurino José Montilla) y los acólitos de este defensor de los animales argentino, aunarán sus fuerzas para seguir creando un estado de opinión pública de animadversión hacia los aficionados taurinos catalanes. De momento, un representante del Govern de la Generalitat ya avanzó que los toros no volverían a Catalunya y que desplegarían todas sus artimañas y trabas administrativas para dificultar el cumplimiento de la sentencia. Ante esta maquiavélica advertencia, cabe preguntarse hasta qué punto no se pueden intervenir las competencias que tiene la Generalitat para regular los espectáculos taurinos. Si se avisa ya, de antemano, que se obstaculizará el cumplimiento de una sentencia, se está diciendo claramente que no se garantizarán los derechos constitucionales de todos los catalanes y que se continuarán invadiendo, por ende, las competencias del Estado. Si nos acogemos al artículo 155 de la Carta Magna, los aficionados podemos llevar la propuesta al Senado para que se le retiren las competencias en ese ámbito concreto al Govern.

El argumento, como queda expuesto, es más que claro: poner trabas para el cumplimiento de una sentencia es equiparable a su desacato. Después de tantos años esperando la sentencia, no podemos permitir que se ponga en duda la legitimidad de la misma y que se nos acorrale con leyes arbitrarias de dudosa legalidad. El camino será duro. Si la afición se mantiene unida como hasta ahora y sale un empresario con la afición y valentía para abrir la Monumental, tendremos la mitad de la guerra ganada. No hay que desesperar. Con la sentencia del Tribunal Constitucional hay que exigir, además, a la Generalitat que pague el lucro cesante a la empresa y que indemnice a todos los profesionales que se han visto privados de poder realizar su actividad profesional por un capricho ilegal de nuestro Parlament.

Ha llegado nuestra hora. La hora de la verdad. La hora en la que hay que rematar la faena que inició el recordado Luís María Gibert. Tenemos la fuerza de la ley y la fuerza de nuestra consistente afición. Nuestra verdad ante la calumnia y falsedad de los desalmados animalistas y ante la hipocresía de una clase política tan bravucona como descastada.